Hace unos días venimos escuchando distintos pareceres respecto al Fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, desfavorable para la parte demandante -SEOM RAFAELA- que pierde el reclamo judicial iniciado hace casi 20 años, allá por 1990, 1991.
En esa época, me desempeñaba como Concejal y este tema lo recuerdo bien porque fue uno de los primeros y fuertes reclamos que dicho gremio nos planteara como nuevas autoridades municipales electas en ese momento.
No tengo presente ni en mis manos los detalles particulares del caso, tampoco es mi intención discutir los mismos. Lo que quiero compartir es que desde un primer momento, analizado y consultado en distintas instancias (municipales, provinciales y nacionales) se les instó a los representantes gremiales y sus asesores legales que desistieran de llevar este tema a la justicia porque era seguro que les iba a resultar desfavorable, y cómo suponían que podrían afrontar económica y patrimonialmente esa situación en ese caso. Evidentemente, esto no fue tenido en cuenta y no solo insistieron en su postura inicial, sino que continuaron con la misma a pesar que se les fallara desfavorablemente en primera y segunda instancia.
Más alla del debate que este tema pueda generar sobre los distintos modos de abordar sus consecuencias, me parece saludable, importante y necesario, que el gremio nos explique, específicamente les explique a sus afiliados, el porque actuaron de esa manera cuando sabían que su reclamo terminaría de la manera que terminó.
La responsabilidad en las tomas de decisiones, sobre todo de aquellas que pueden comprometer patrimonialmente tanto institucional como personalmente a sus integrantes, debiera ser más atinada evaluando especialmente las consecuencias negativas que pueden ocurrir.
