Desde distintos sectores sociales y políticos, cuando ocurren hechos como la interferencia a las comunicaciones del helicóptero presidencial, se corre el riesgo de analizar los mismos desde dos aspectos que recortan la posibilidad de entenderlos en la profundidad que ellos tienen.
Por un lado están los que le dan importancia o le restan valor en función de las cercanías o distancias que se tiene con el actual gobierno, o con algunas o muchas de sus medidas. De la mano de la “conspiración permanente” o lo equivocado de ciertas políticas, se miniminiza o potencia la gravedad de un acontecimiento.
Por el otro, se fragmenta el análisis. Se reflexiona el hecho y a partir de allí, se lo comunica, en relación a tal o cual circunstancia. Ahora es el Juicio por la ESMA.
Durante el conflicto con las patronales del campo y en los meses posteriores ocurrieron hechos a lo largo del país, algunos de los cuales fueron reflejados por los medios nacionales y otros tuvieron una difusión muy localizada.
En la Provincia de Santa Fe, en los cortes de ruta en la zona sur, aparecieron carteles que decían “puta y guerrillera”, en la localidad de San Genaro sobre la ruta 34 y ante un accidente de un colectivo que trató de eludir el piquete y sufrió un vuelco, no dejaron pasar por horas a la ambulancia con los heridos, en el noroeste provincial detuvieron durante un día a un ómnibus que trasladaba entre otros a un niño discapacitado, que necesitaba atención y alimento especial, intentaron agredir a un grupo de actores que fue a presentar una obra de teatro en el sur provincial, y deben, también, contarse las amenazas a diputados nacionales y funcionarios, o a ese médico que le atacaron a piedrazos el auto cuando manifestó su oposición a la medida frente a un grupo de ruralistas. Podríamos narrar otras, y agregar nuevos calificativos, pero el de actualidad es “maten a la yegua”.
Frente a esto hay algunos que expresan “si se atreven con la Presidenta , se le animan a cualquiera”. Y en realidad es al revés. Si avasallan los derechos de un discapacitado, de un herido, si desabastecen de insumos a un hospital o a un comedor comunitario, pueden avanzar sobre los demás, sin distinción del rango; más aún si una porción de la sociedad los avala y otra recurre al silencio como actitud frente a los conflictos.
Pues estas no son acciones meramente espontáneas – como inteligentemente hicieron creer o pudo suceder en algún caso – en respuesta a decisiones del gobierno, o a la supuesta soberbia, odio o revanchismo del Ejecutivo nacional. Esto es violencia de clase, pues lo que se defiende al aplicarla y justificarla son intereses económicos, poder sectorial, espacios de decisión.
Desde la simbología se atraviesa la figura presidencial para impactar de lleno en el sistema democrático.
Es mucho más que abonar la teoría del complot eterno, pues lo que narramos no es la interpretación de la tapa de un diario o la opinión de un periodista, sino hechos concretos, que suceden en un preciso contexto y son producidos por determinados sectores sociales y económicos.
De allí la gravedad de lo del helicóptero y de otros tantos sucesos que vienen ocurriendo; pues para seguir produciéndolos se necesita mayor logística, organización, y recursos, que alejan la posibilidad de lo espontáneo, o de la bronca contenida que se expresa en un insulto o en una concentración ante la muerte de un familiar o un vecino.
Aparecen, entonces, nuevamente concepciones ideológicas, valores y contravalores. Si se recorre a las instituciones y/o grupos que fueron partícipes de la gran mayoría de estos hechos no se va a encontrar la más mínima autocrítica, o el reconocimiento a un exceso. Si bien han perdido consenso social algunas de estas acciones, no por ello debemos subestimarlas o creer que unas no tienen nada que ver con otras, dejando al margen las causas y efectos de los procesos históricos.
Esa es la distancia, y no otra, que existe entre el reclamo de una madre por su hijo discapacitado en un cruce de rutas del norte santafesino en el año 2008 y la marcha "Avenida de la Camelias ", que acompañó el comunicado Nº 1 de la Junta Militar , el 24 de marzo de 1976, sonando en el helicóptero presidencial.
CARLOS BORGNA
Por un lado están los que le dan importancia o le restan valor en función de las cercanías o distancias que se tiene con el actual gobierno, o con algunas o muchas de sus medidas. De la mano de la “conspiración permanente” o lo equivocado de ciertas políticas, se miniminiza o potencia la gravedad de un acontecimiento.
Por el otro, se fragmenta el análisis. Se reflexiona el hecho y a partir de allí, se lo comunica, en relación a tal o cual circunstancia. Ahora es el Juicio por la ESMA.
Durante el conflicto con las patronales del campo y en los meses posteriores ocurrieron hechos a lo largo del país, algunos de los cuales fueron reflejados por los medios nacionales y otros tuvieron una difusión muy localizada.
En la Provincia de Santa Fe, en los cortes de ruta en la zona sur, aparecieron carteles que decían “puta y guerrillera”, en la localidad de San Genaro sobre la ruta 34 y ante un accidente de un colectivo que trató de eludir el piquete y sufrió un vuelco, no dejaron pasar por horas a la ambulancia con los heridos, en el noroeste provincial detuvieron durante un día a un ómnibus que trasladaba entre otros a un niño discapacitado, que necesitaba atención y alimento especial, intentaron agredir a un grupo de actores que fue a presentar una obra de teatro en el sur provincial, y deben, también, contarse las amenazas a diputados nacionales y funcionarios, o a ese médico que le atacaron a piedrazos el auto cuando manifestó su oposición a la medida frente a un grupo de ruralistas. Podríamos narrar otras, y agregar nuevos calificativos, pero el de actualidad es “maten a la yegua”.
Frente a esto hay algunos que expresan “si se atreven con la Presidenta , se le animan a cualquiera”. Y en realidad es al revés. Si avasallan los derechos de un discapacitado, de un herido, si desabastecen de insumos a un hospital o a un comedor comunitario, pueden avanzar sobre los demás, sin distinción del rango; más aún si una porción de la sociedad los avala y otra recurre al silencio como actitud frente a los conflictos.
Pues estas no son acciones meramente espontáneas – como inteligentemente hicieron creer o pudo suceder en algún caso – en respuesta a decisiones del gobierno, o a la supuesta soberbia, odio o revanchismo del Ejecutivo nacional. Esto es violencia de clase, pues lo que se defiende al aplicarla y justificarla son intereses económicos, poder sectorial, espacios de decisión.
Desde la simbología se atraviesa la figura presidencial para impactar de lleno en el sistema democrático.
Es mucho más que abonar la teoría del complot eterno, pues lo que narramos no es la interpretación de la tapa de un diario o la opinión de un periodista, sino hechos concretos, que suceden en un preciso contexto y son producidos por determinados sectores sociales y económicos.
De allí la gravedad de lo del helicóptero y de otros tantos sucesos que vienen ocurriendo; pues para seguir produciéndolos se necesita mayor logística, organización, y recursos, que alejan la posibilidad de lo espontáneo, o de la bronca contenida que se expresa en un insulto o en una concentración ante la muerte de un familiar o un vecino.
Aparecen, entonces, nuevamente concepciones ideológicas, valores y contravalores. Si se recorre a las instituciones y/o grupos que fueron partícipes de la gran mayoría de estos hechos no se va a encontrar la más mínima autocrítica, o el reconocimiento a un exceso. Si bien han perdido consenso social algunas de estas acciones, no por ello debemos subestimarlas o creer que unas no tienen nada que ver con otras, dejando al margen las causas y efectos de los procesos históricos.
Esa es la distancia, y no otra, que existe entre el reclamo de una madre por su hijo discapacitado en un cruce de rutas del norte santafesino en el año 2008 y la marcha "Avenida de la Camelias ", que acompañó el comunicado Nº 1 de la Junta Militar , el 24 de marzo de 1976, sonando en el helicóptero presidencial.
CARLOS BORGNA
